
Solo horas antes de la advertencia de Chipre en Berlín, el presidente turco Tayyip Erdogan reafirmó lo que él considera el resultado “más realista” para la isla: dos estados reconocidos internacionalmente que coexistan lado a lado. Junto al recién elegido líder turcochipriota Tufan Erhurman en Ankara, el 13 de noviembre, Erdogan afirmó que décadas de negociaciones respaldadas por la ONU para una federación habían fracasado y que los turcochipriotas nunca aceptarán ser una minoría en una república unificada.
Estas declaraciones endurecen una postura negociadora que tiene consecuencias directas en la movilidad. Un modelo de dos estados dejaría a la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC) fuera del marco legal de la UE, del territorio aduanero y de los próximos sistemas de Entrada/Salida y ETIAS del bloque. Esto obligaría a aerolíneas, operadores de cruceros y transportistas por carretera a tratar la isla como dos jurisdicciones separadas, duplicando costos de cumplimiento y seguros.
Para las empresas internacionales, esta divergencia ya se refleja en la duplicación de impuestos y seguridad social cuando los empleados cruzan la Línea Verde. Si prevalece la visión de Erdogan, los permisos de trabajo transfronterizos y los acuerdos de totalización de seguridad social tendrían que negociarse desde cero, un proceso que podría tardar años y que quizás nunca logre la movilidad fluida que se disfruta en otras partes de la UE.
Mientras tanto, Erhurman mostró una apertura limitada a “aprender de los fracasos pasados”, insinuando un arreglo híbrido bajo los auspicios de la ONU. Los observadores señalan que esto podría traducirse en medidas prácticas de confianza para la movilidad, como el reconocimiento mutuo de documentos de identidad para viajes de un día o el procesamiento conjunto de autobuses turísticos en el paso de Ledra Palace, pequeños avances que mantienen abiertos los canales para los 3 millones de visitantes anuales que circulan entre las dos administraciones de la isla.
Hasta que haya claridad, los asesores en movilidad deberían mantener rutas alternativas para el personal y mercancías con destino a los resorts del norte, informar a los viajeros sobre los procedimientos en los dos puntos de control y monitorear posibles sanciones de la UE que podrían interrumpir los enlaces aéreos si las negociaciones fracasan. Una división formal también complicaría la protección consular, dificultando que ciudadanos de la UE o de terceros países obtengan ayuda mientras estén en la RTNC.
Estas declaraciones endurecen una postura negociadora que tiene consecuencias directas en la movilidad. Un modelo de dos estados dejaría a la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC) fuera del marco legal de la UE, del territorio aduanero y de los próximos sistemas de Entrada/Salida y ETIAS del bloque. Esto obligaría a aerolíneas, operadores de cruceros y transportistas por carretera a tratar la isla como dos jurisdicciones separadas, duplicando costos de cumplimiento y seguros.
Para las empresas internacionales, esta divergencia ya se refleja en la duplicación de impuestos y seguridad social cuando los empleados cruzan la Línea Verde. Si prevalece la visión de Erdogan, los permisos de trabajo transfronterizos y los acuerdos de totalización de seguridad social tendrían que negociarse desde cero, un proceso que podría tardar años y que quizás nunca logre la movilidad fluida que se disfruta en otras partes de la UE.
Mientras tanto, Erhurman mostró una apertura limitada a “aprender de los fracasos pasados”, insinuando un arreglo híbrido bajo los auspicios de la ONU. Los observadores señalan que esto podría traducirse en medidas prácticas de confianza para la movilidad, como el reconocimiento mutuo de documentos de identidad para viajes de un día o el procesamiento conjunto de autobuses turísticos en el paso de Ledra Palace, pequeños avances que mantienen abiertos los canales para los 3 millones de visitantes anuales que circulan entre las dos administraciones de la isla.
Hasta que haya claridad, los asesores en movilidad deberían mantener rutas alternativas para el personal y mercancías con destino a los resorts del norte, informar a los viajeros sobre los procedimientos en los dos puntos de control y monitorear posibles sanciones de la UE que podrían interrumpir los enlaces aéreos si las negociaciones fracasan. Una división formal también complicaría la protección consular, dificultando que ciudadanos de la UE o de terceros países obtengan ayuda mientras estén en la RTNC.








