
En una nota política que se difundió rápidamente en el sector global de viajes el 12 de noviembre, el medio especializado Travel & Tour World informó que España “se encamina hacia nuevos impuestos turísticos”, siguiendo la tendencia de Grecia, Japón y Noruega. Aunque Madrid aún no ha presentado un proyecto de ley nacional, varios gobiernos regionales —principalmente Cataluña y las Islas Baleares— han confirmado que duplicarán o incluso cuadruplicarán los recargos actuales por estancia en hoteles a partir de abril de 2026.
Cataluña planea aumentar el recargo municipal en Barcelona de 3,25 € a 6,75 € por noche para hoteles de cuatro y cinco estrellas, mientras que los pasajeros de cruceros pagarán una tarifa fija de 8 € diarios. El gobierno de coalición de las Islas Baleares estudia un “tarifa disuasoria” de 15 € por adulto y noche en temporada alta, tras las demandas sindicales de un impuesto ecológico más alto para aliviar la saturación veraniega. En Valencia y Canarias se están preparando incrementos menores, principalmente para financiar proyectos de movilidad sostenible cerca de aeropuertos y puertos.
Estas propuestas llegan en un momento en que España espera un récord de 94 millones de llegadas internacionales en 2025, casi 20 millones más que el máximo prepandemia. El Ministerio de Transición Ecológica ha advertido que los sistemas de tratamiento de aguas residuales costeras, la gestión terrestre aeroportuaria y los ferris interinsulares “operan al límite de su capacidad” durante tres meses al año. Los impuestos turísticos destinados a mejoras en infraestructuras y fondos para comunidades locales son políticamente más viables que nuevos cargos por emisiones, reconocen las autoridades.
Para los gestores de movilidad y reubicación, este cambio tiene dos implicaciones clave. Primero, los presupuestos diarios para el personal visitante podrían necesitar ajustes: una estancia de dos semanas en Barcelona el próximo verano podría generar hasta 189 € solo en impuestos hoteleros. Segundo, los proveedores de alojamiento corporativo que dependen de licencias de corta estancia podrían enfrentar regulaciones más estrictas, ya que los municipios vinculan impuestos más altos con permisos más rigurosos.
Aunque los detalles se definirán en los parlamentos regionales durante los próximos seis meses, el mensaje es claro: España quiere que los visitantes asuman una mayor parte de los costes externos del turismo. Los compradores de viajes deben seguir de cerca los calendarios legislativos y asesorar a los viajeros en consecuencia, especialmente para grandes reuniones y eventos programados después de marzo de 2026.
Cataluña planea aumentar el recargo municipal en Barcelona de 3,25 € a 6,75 € por noche para hoteles de cuatro y cinco estrellas, mientras que los pasajeros de cruceros pagarán una tarifa fija de 8 € diarios. El gobierno de coalición de las Islas Baleares estudia un “tarifa disuasoria” de 15 € por adulto y noche en temporada alta, tras las demandas sindicales de un impuesto ecológico más alto para aliviar la saturación veraniega. En Valencia y Canarias se están preparando incrementos menores, principalmente para financiar proyectos de movilidad sostenible cerca de aeropuertos y puertos.
Estas propuestas llegan en un momento en que España espera un récord de 94 millones de llegadas internacionales en 2025, casi 20 millones más que el máximo prepandemia. El Ministerio de Transición Ecológica ha advertido que los sistemas de tratamiento de aguas residuales costeras, la gestión terrestre aeroportuaria y los ferris interinsulares “operan al límite de su capacidad” durante tres meses al año. Los impuestos turísticos destinados a mejoras en infraestructuras y fondos para comunidades locales son políticamente más viables que nuevos cargos por emisiones, reconocen las autoridades.
Para los gestores de movilidad y reubicación, este cambio tiene dos implicaciones clave. Primero, los presupuestos diarios para el personal visitante podrían necesitar ajustes: una estancia de dos semanas en Barcelona el próximo verano podría generar hasta 189 € solo en impuestos hoteleros. Segundo, los proveedores de alojamiento corporativo que dependen de licencias de corta estancia podrían enfrentar regulaciones más estrictas, ya que los municipios vinculan impuestos más altos con permisos más rigurosos.
Aunque los detalles se definirán en los parlamentos regionales durante los próximos seis meses, el mensaje es claro: España quiere que los visitantes asuman una mayor parte de los costes externos del turismo. Los compradores de viajes deben seguir de cerca los calendarios legislativos y asesorar a los viajeros en consecuencia, especialmente para grandes reuniones y eventos programados después de marzo de 2026.









