
El Ministerio del Interior de Chipre ha presentado su informe más detallado hasta la fecha sobre el ya desaparecido Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP), confirmando que 7.329 extranjeros —3.522 inversores principales y 3.807 dependientes— obtuvieron pasaportes chipriotas antes de que el programa fuera cerrado a finales de 2020.
El ministerio informó al Parlamento el 12 de noviembre de 2025 que, hasta ahora, 373 personas han tenido su ciudadanía revocada formalmente tras rigurosos controles de diligencia debida; ya se han ejecutado órdenes de revocación para 116 individuos, mientras que otros 26 inversores siguen bajo investigación. Este anuncio responde a la presión constante de la UE por mayor transparencia, tras la apertura de procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea en 2023.
Aunque el CIP canalizó aproximadamente 8.000 millones de euros en inversiones inmobiliarias y en bonos entre 2014 y 2020, los críticos argumentan que la laxitud en los controles dañó la reputación de Chipre y elevó los precios de la vivienda. El Ministerio del Interior asegura que una enmienda al registro civil, aprobada en octubre de 2025, elimina de forma definitiva la base legal para cualquier futuro programa de pasaportes por inversión.
Para las empresas multinacionales, estas cifras son relevantes: los ejecutivos que obtuvieron pasaportes chipriotas para facilitar su movilidad en la UE podrían enfrentar incertidumbre si se aceleran las revocaciones. Los asesores en inmigración recomiendan a las compañías auditar la documentación de sus empleados y considerar vías alternativas de residencia, como la Visa para Startups o el régimen acelerado de permisos de trabajo para empresas tecnológicas, en caso de que el personal pierda su estatus de ciudadanía europea.
Esta revelación también aporta contexto a los asesores de reubicación que ayudan a clientes de alto poder adquisitivo a planificar su entrada al mercado europeo: Chipre cierra la puerta a la venta de ciudadanía, pero sigue abierto a opciones de residencia por inversión y para nómadas digitales, aunque bajo normas de cumplimiento más estrictas.
El ministerio informó al Parlamento el 12 de noviembre de 2025 que, hasta ahora, 373 personas han tenido su ciudadanía revocada formalmente tras rigurosos controles de diligencia debida; ya se han ejecutado órdenes de revocación para 116 individuos, mientras que otros 26 inversores siguen bajo investigación. Este anuncio responde a la presión constante de la UE por mayor transparencia, tras la apertura de procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea en 2023.
Aunque el CIP canalizó aproximadamente 8.000 millones de euros en inversiones inmobiliarias y en bonos entre 2014 y 2020, los críticos argumentan que la laxitud en los controles dañó la reputación de Chipre y elevó los precios de la vivienda. El Ministerio del Interior asegura que una enmienda al registro civil, aprobada en octubre de 2025, elimina de forma definitiva la base legal para cualquier futuro programa de pasaportes por inversión.
Para las empresas multinacionales, estas cifras son relevantes: los ejecutivos que obtuvieron pasaportes chipriotas para facilitar su movilidad en la UE podrían enfrentar incertidumbre si se aceleran las revocaciones. Los asesores en inmigración recomiendan a las compañías auditar la documentación de sus empleados y considerar vías alternativas de residencia, como la Visa para Startups o el régimen acelerado de permisos de trabajo para empresas tecnológicas, en caso de que el personal pierda su estatus de ciudadanía europea.
Esta revelación también aporta contexto a los asesores de reubicación que ayudan a clientes de alto poder adquisitivo a planificar su entrada al mercado europeo: Chipre cierra la puerta a la venta de ciudadanía, pero sigue abierto a opciones de residencia por inversión y para nómadas digitales, aunque bajo normas de cumplimiento más estrictas.








