
La Comisión Europea anunció el 12 de noviembre que seis Estados miembros, entre ellos Austria, podrán solicitar una exención total o parcial de sus obligaciones financieras y de reubicación bajo el próximo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo. Bruselas justifica esta medida por la “presión migratoria significativa” acumulada en los últimos cinco años.
Según el Fondo de Solidaridad del pacto, se espera que los países compartan la carga de la gestión de asilo mediante reubicaciones de migrantes, transferencias financieras o apoyo operativo. Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia pueden ahora pedir estas exenciones para 2026. Esta opción reconoce que estos Estados ya enfrentan limitaciones en su capacidad de acogida o dificultades en el control de sus fronteras terrestres.
Para los responsables políticos austriacos, esta excepción facilita la planificación presupuestaria, pero podría reavivar el debate interno sobre la percepción de una distribución injusta de la carga dentro de la UE. Desde la perspectiva de la movilidad corporativa, el anuncio indica que las presiones relacionadas con el asilo —y los controles internos asociados en el espacio Schengen— probablemente no disminuirán pronto, reforzando la necesidad de mantener planes de contingencia para los desplazamientos transfronterizos de personal.
La Comisión finalizará las contribuciones al Fondo de Solidaridad durante las negociaciones presupuestarias de 2026. Los gestores de movilidad deben estar atentos a si las concesiones a Austria incluyen condiciones que puedan afectar los tiempos de tramitación de permisos de trabajo o solicitudes de residencia humanitaria.
Según el Fondo de Solidaridad del pacto, se espera que los países compartan la carga de la gestión de asilo mediante reubicaciones de migrantes, transferencias financieras o apoyo operativo. Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia pueden ahora pedir estas exenciones para 2026. Esta opción reconoce que estos Estados ya enfrentan limitaciones en su capacidad de acogida o dificultades en el control de sus fronteras terrestres.
Para los responsables políticos austriacos, esta excepción facilita la planificación presupuestaria, pero podría reavivar el debate interno sobre la percepción de una distribución injusta de la carga dentro de la UE. Desde la perspectiva de la movilidad corporativa, el anuncio indica que las presiones relacionadas con el asilo —y los controles internos asociados en el espacio Schengen— probablemente no disminuirán pronto, reforzando la necesidad de mantener planes de contingencia para los desplazamientos transfronterizos de personal.
La Comisión finalizará las contribuciones al Fondo de Solidaridad durante las negociaciones presupuestarias de 2026. Los gestores de movilidad deben estar atentos a si las concesiones a Austria incluyen condiciones que puedan afectar los tiempos de tramitación de permisos de trabajo o solicitudes de residencia humanitaria.









