
La coalición gobernante en Italia está preparando un nuevo ‘decreto seguridad’, esta vez con un marcado enfoque en las normas migratorias. El vicepresidente Matteo Salvini declaró a la prensa el 11 de noviembre que la Liga (Lega) ha elaborado medidas para acelerar el desalojo de ocupaciones ilegales, frenar la delincuencia juvenil en pandillas y, lo más importante, endurecer los requisitos para la reunificación familiar de residentes extranjeros. Según un borrador filtrado, la reunificación se limitaría a cónyuges e hijos menores, excluyendo a los hijos adultos y familiares extendidos que actualmente pueden acogerse bajo ciertas condiciones.
Funcionarios del Ministerio del Interior confirmaron que las consultas con los socios de la coalición están en curso y que un texto final podría llegar al Consejo de Ministros “en cuestión de semanas”. De ser aprobado, este proyecto sería la tercera gran reforma migratoria en apenas dos años, tras la Ley 187/2024 (diciembre de 2024) y el Decreto-Ley 48/2025 (abril de 2025), ambos ya habían ampliado los requisitos de residencia y las facultades de detención.
Las asociaciones empresariales advierten que nuevas restricciones podrían complicar la captación de talento. “Los altos directivos dudan en aceptar asignaciones en Italia si no pueden traer a sus dependientes adultos o a sus padres mayores”, señaló el grupo de trabajo sobre movilidad de Confindustria. Las escuelas internacionales en Milán y Roma también temen una caída en las matrículas si las familias quedan divididas entre países.
Las organizaciones defensoras de derechos se preparan para impugnar la medida legalmente. El Consejo Italiano para los Refugiados sostiene que la propuesta podría violar la Directiva 2003/86/CE de la UE sobre reunificación familiar, que obliga a los estados miembros a facilitar la entrada de familiares dependientes por razones humanitarias. Cualquier conflicto con la legislación europea podría desencadenar procedimientos de infracción similares a los que enfrentó Italia en 2018 tras los anteriores decretos de seguridad de Salvini.
Para los planificadores de movilidad internacional, el mensaje es claro: las estrategias de visado válidas este año podrían no aplicarse en 2026. Las empresas deben reevaluar sus presupuestos de reubicación para incluir posibles apelaciones o permisos de residencia alternativos para familiares y seguir de cerca el avance del decreto. Se espera un borrador público tras la próxima reunión del gabinete, prevista tentativamente para finales de noviembre.
Funcionarios del Ministerio del Interior confirmaron que las consultas con los socios de la coalición están en curso y que un texto final podría llegar al Consejo de Ministros “en cuestión de semanas”. De ser aprobado, este proyecto sería la tercera gran reforma migratoria en apenas dos años, tras la Ley 187/2024 (diciembre de 2024) y el Decreto-Ley 48/2025 (abril de 2025), ambos ya habían ampliado los requisitos de residencia y las facultades de detención.
Las asociaciones empresariales advierten que nuevas restricciones podrían complicar la captación de talento. “Los altos directivos dudan en aceptar asignaciones en Italia si no pueden traer a sus dependientes adultos o a sus padres mayores”, señaló el grupo de trabajo sobre movilidad de Confindustria. Las escuelas internacionales en Milán y Roma también temen una caída en las matrículas si las familias quedan divididas entre países.
Las organizaciones defensoras de derechos se preparan para impugnar la medida legalmente. El Consejo Italiano para los Refugiados sostiene que la propuesta podría violar la Directiva 2003/86/CE de la UE sobre reunificación familiar, que obliga a los estados miembros a facilitar la entrada de familiares dependientes por razones humanitarias. Cualquier conflicto con la legislación europea podría desencadenar procedimientos de infracción similares a los que enfrentó Italia en 2018 tras los anteriores decretos de seguridad de Salvini.
Para los planificadores de movilidad internacional, el mensaje es claro: las estrategias de visado válidas este año podrían no aplicarse en 2026. Las empresas deben reevaluar sus presupuestos de reubicación para incluir posibles apelaciones o permisos de residencia alternativos para familiares y seguir de cerca el avance del decreto. Se espera un borrador público tras la próxima reunión del gabinete, prevista tentativamente para finales de noviembre.








