
En un fallo que podría agilizar significativamente el proceso de emisión de pasaportes en India, el Tribunal Superior de Allahabad ha ordenado a la policía de Uttar Pradesh completar todos los informes de verificación de pasaportes en un plazo máximo de cuatro semanas. La sentencia, emitida el 11 de noviembre de 2025 por los jueces Ajit Kumar y Swarupama Chaturvedi, establece que los retrasos administrativos no pueden obstaculizar el derecho constitucional de los ciudadanos a viajar al extranjero.
Según las directrices actuales del Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA), un pasaporte ordinario debe emitirse en un plazo de 30 días hábiles, pero esos plazos no incluyen la etapa de verificación policial. Solicitantes de varios distritos han reportado tiempos de espera de tres a seis meses, lo que a menudo afecta ofertas de trabajo en el extranjero, admisiones universitarias y viajes médicos urgentes. El tribunal subrayó que la verificación es un “ejercicio esencial”, pero no una excusa para demoras indefinidas, y advirtió que los oficiales que incumplan el nuevo plazo podrían enfrentar procesos por desacato.
La orden también instruye a las Oficinas Regionales de Pasaportes a informar a los solicitantes en un mes si se niega la emisión y a resolver los casos pendientes en 30 días una vez que se presenten las autorizaciones necesarias. Expertos legales señalan que esta sentencia sienta un precedente importante para otros tribunales superiores y podría impulsar al MEA a modificar su Carta del Ciudadano para incluir plazos explícitos de verificación policial a nivel nacional.
Para los equipos de recursos humanos y movilidad global, una verificación policial más rápida significa reducir los tiempos de espera para asignaciones internacionales, especialmente en sectores como servicios de TI, transporte marítimo y salud, donde los empleados viajan con frecuencia. Sin embargo, las empresas deben recordar al personal responder con prontitud a las consultas policiales y tener a mano comprobantes de domicilio para evitar nuevas verificaciones.
Los facilitadores de pasaportes esperan que el fallo provoque un aumento en las solicitudes desde ciudades de segundo nivel, donde los retrasos en la verificación han sido más severos. También advierten que las comisarías locales podrían necesitar más personal y sistemas digitales para cumplir con el tiempo de respuesta ordenado por el tribunal.
Según las directrices actuales del Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA), un pasaporte ordinario debe emitirse en un plazo de 30 días hábiles, pero esos plazos no incluyen la etapa de verificación policial. Solicitantes de varios distritos han reportado tiempos de espera de tres a seis meses, lo que a menudo afecta ofertas de trabajo en el extranjero, admisiones universitarias y viajes médicos urgentes. El tribunal subrayó que la verificación es un “ejercicio esencial”, pero no una excusa para demoras indefinidas, y advirtió que los oficiales que incumplan el nuevo plazo podrían enfrentar procesos por desacato.
La orden también instruye a las Oficinas Regionales de Pasaportes a informar a los solicitantes en un mes si se niega la emisión y a resolver los casos pendientes en 30 días una vez que se presenten las autorizaciones necesarias. Expertos legales señalan que esta sentencia sienta un precedente importante para otros tribunales superiores y podría impulsar al MEA a modificar su Carta del Ciudadano para incluir plazos explícitos de verificación policial a nivel nacional.
Para los equipos de recursos humanos y movilidad global, una verificación policial más rápida significa reducir los tiempos de espera para asignaciones internacionales, especialmente en sectores como servicios de TI, transporte marítimo y salud, donde los empleados viajan con frecuencia. Sin embargo, las empresas deben recordar al personal responder con prontitud a las consultas policiales y tener a mano comprobantes de domicilio para evitar nuevas verificaciones.
Los facilitadores de pasaportes esperan que el fallo provoque un aumento en las solicitudes desde ciudades de segundo nivel, donde los retrasos en la verificación han sido más severos. También advierten que las comisarías locales podrían necesitar más personal y sistemas digitales para cumplir con el tiempo de respuesta ordenado por el tribunal.









