
Al presentar las cifras presupuestarias ante el Parlamento el 10 de noviembre, el viceministro de Migración, Nikolas Ioannides, reveló que actualmente residen legalmente en Chipre 175,000 nacionales de terceros países, lo que representa aproximadamente el 19 % de la población total de la isla. Esta revelación se acompañó de datos impactantes: las entradas irregulares y las nuevas solicitudes de asilo han disminuido un 89 % desde 2022, un cambio que las autoridades atribuyen a un control fronterizo más estricto, programas reforzados de retorno voluntario y una completa digitalización de los procesos de permisos.
Detrás de estas cifras se esconde una silenciosa reestructuración del mercado laboral chipriota. La mayoría de los titulares de permisos de trabajo están empleados en servicios domésticos, hostelería y agricultura, mientras que una creciente proporción —actualmente alrededor de 12,000— trabaja en empresas internacionales que operan bajo la muy promocionada vía rápida de la “Unidad de Facilitación Empresarial” del país. Cabe destacar que los rusos siguen siendo la comunidad extranjera residente más numerosa (40,735), seguidos por británicos, nepalíes, indios y sirios. Por ello, los departamentos de recursos humanos deberían revisar los estándares salariales y las capacidades de integración para estas nacionalidades, dado que la competencia por vivienda y educación se ha intensificado en los centros urbanos.
La fuerte caída en las llegadas irregulares también indica que la controvertida política de devoluciones de Chipre está teniendo un impacto tangible. Más de 10,000 personas fueron repatriadas en los primeros diez meses de 2025, lo que permitió a los oficiales de asilo reducir atrasos y reasignar personal a casos de renovación de residencia largamente demorados, un avance bien recibido por los empleadores multinacionales que enfrentan riesgos por la expiración de permisos. La digitalización ha sido clave; un sistema de citas en línea y quioscos biométricos automatizados han reducido el tiempo promedio de renovación de 12 a 4 semanas.
Para las empresas, la conclusión práctica es que un control fronterizo más riguroso no significa escasez de talento. Al contrario, las autoridades planean ampliar los canales legales de trabajo en construcción, salud y TIC para compensar el declive demográfico. Los empleadores deben estar atentos a los próximos avisos de cuotas y prepararse para auditorías más estrictas, ya que Ioannides advirtió que las empresas que contraten migrantes irregulares podrían ser suspendidas de todas las licitaciones públicas.
A largo plazo, estos datos fortalecen las negociaciones de Chipre para ingresar al Espacio Schengen. Demostrar control sobre la migración irregular es un requisito fundamental de Schengen, y la caída del 89 % será un punto destacado en los informes técnicos que Bruselas presentará a principios de 2026.
Detrás de estas cifras se esconde una silenciosa reestructuración del mercado laboral chipriota. La mayoría de los titulares de permisos de trabajo están empleados en servicios domésticos, hostelería y agricultura, mientras que una creciente proporción —actualmente alrededor de 12,000— trabaja en empresas internacionales que operan bajo la muy promocionada vía rápida de la “Unidad de Facilitación Empresarial” del país. Cabe destacar que los rusos siguen siendo la comunidad extranjera residente más numerosa (40,735), seguidos por británicos, nepalíes, indios y sirios. Por ello, los departamentos de recursos humanos deberían revisar los estándares salariales y las capacidades de integración para estas nacionalidades, dado que la competencia por vivienda y educación se ha intensificado en los centros urbanos.
La fuerte caída en las llegadas irregulares también indica que la controvertida política de devoluciones de Chipre está teniendo un impacto tangible. Más de 10,000 personas fueron repatriadas en los primeros diez meses de 2025, lo que permitió a los oficiales de asilo reducir atrasos y reasignar personal a casos de renovación de residencia largamente demorados, un avance bien recibido por los empleadores multinacionales que enfrentan riesgos por la expiración de permisos. La digitalización ha sido clave; un sistema de citas en línea y quioscos biométricos automatizados han reducido el tiempo promedio de renovación de 12 a 4 semanas.
Para las empresas, la conclusión práctica es que un control fronterizo más riguroso no significa escasez de talento. Al contrario, las autoridades planean ampliar los canales legales de trabajo en construcción, salud y TIC para compensar el declive demográfico. Los empleadores deben estar atentos a los próximos avisos de cuotas y prepararse para auditorías más estrictas, ya que Ioannides advirtió que las empresas que contraten migrantes irregulares podrían ser suspendidas de todas las licitaciones públicas.
A largo plazo, estos datos fortalecen las negociaciones de Chipre para ingresar al Espacio Schengen. Demostrar control sobre la migración irregular es un requisito fundamental de Schengen, y la caída del 89 % será un punto destacado en los informes técnicos que Bruselas presentará a principios de 2026.






