
El gobierno laborista del Reino Unido ha comenzado a estudiar discretamente el sistema de asilo danés, muy publicitado, basado en la “protección temporal primero”, mientras se prepara para la próxima ronda de legislación migratoria. Según informes confirmados al Economic Times, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha enviado a altos funcionarios del Ministerio del Interior a Copenhague para analizar cómo Dinamarca limita a la mayoría de los refugiados a residencias de corto plazo, impone estrictas normas de reunificación familiar y exige a los beneficiarios reembolsar parte de los costos de alojamiento.
Esta misión de investigación llega tras una semana de estadísticas preocupantes: la migración neta provisional para 2025 va un 12 % por encima de la del año pasado, y las llegadas en pequeñas embarcaciones se reanudaron después de una quincena de mal tiempo. Los ministros creen que copiar elementos del modelo danés —como requisitos lingüísticos más exigentes, controles más estrictos de antecedentes penales y la posibilidad de reubicar a los solicitantes en alojamientos remotos— podría ayudar a cumplir la promesa laborista de “controlar y reducir la migración con compasión” sin violar la ley internacional.
El sector empresarial ha recibido la noticia con cautela. Los empleadores que dependen de trabajadores de baja cualificación procedentes de la UE o del sector de cuidados temen que el estatus temporal y las cláusulas de reembolso puedan disuadir a los candidatos justo cuando los umbrales salariales y los aumentos en las tasas por habilidades ya están afectando. Las multinacionales que gestionan programas de movilidad para graduados dentro de la empresa también están preocupadas porque limitar en el tiempo el estatus de protección supondría una mayor carga administrativa para los equipos de recursos humanos, que ya enfrentan un régimen ampliado de Autorización Electrónica de Viaje (ETA) a partir de abril de 2025.
Expertos legales señalan que el enfoque danés se basa en una exclusión negociada de las normas europeas de asilo; por lo tanto, su aplicación total podría requerir que el Reino Unido renegocie partes del Acuerdo de Comercio y Cooperación, así como del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se entiende que Mahmood está encargando asesoría sobre la compatibilidad con la Ley de Derechos Humanos del Reino Unido y sobre si una nueva prueba de idoneidad —que reemplaza al muy criticado “motivo de rechazo”— puede respaldar las decisiones de protección temporal.
Para los responsables de movilidad global el mensaje es claro: aunque no se ha publicado una política formal, el Partido Laborista está señalando un cambio decisivo hacia controles migratorios más condicionados, al estilo escandinavo. Las empresas deberían preparar escenarios en los que los empleados patrocinados deban afrontar pruebas de inglés más estrictas, periodos más cortos para trabajar tras los estudios y posibles obligaciones de reembolso si solicitan permiso humanitario para permanecer.
Esta misión de investigación llega tras una semana de estadísticas preocupantes: la migración neta provisional para 2025 va un 12 % por encima de la del año pasado, y las llegadas en pequeñas embarcaciones se reanudaron después de una quincena de mal tiempo. Los ministros creen que copiar elementos del modelo danés —como requisitos lingüísticos más exigentes, controles más estrictos de antecedentes penales y la posibilidad de reubicar a los solicitantes en alojamientos remotos— podría ayudar a cumplir la promesa laborista de “controlar y reducir la migración con compasión” sin violar la ley internacional.
El sector empresarial ha recibido la noticia con cautela. Los empleadores que dependen de trabajadores de baja cualificación procedentes de la UE o del sector de cuidados temen que el estatus temporal y las cláusulas de reembolso puedan disuadir a los candidatos justo cuando los umbrales salariales y los aumentos en las tasas por habilidades ya están afectando. Las multinacionales que gestionan programas de movilidad para graduados dentro de la empresa también están preocupadas porque limitar en el tiempo el estatus de protección supondría una mayor carga administrativa para los equipos de recursos humanos, que ya enfrentan un régimen ampliado de Autorización Electrónica de Viaje (ETA) a partir de abril de 2025.
Expertos legales señalan que el enfoque danés se basa en una exclusión negociada de las normas europeas de asilo; por lo tanto, su aplicación total podría requerir que el Reino Unido renegocie partes del Acuerdo de Comercio y Cooperación, así como del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se entiende que Mahmood está encargando asesoría sobre la compatibilidad con la Ley de Derechos Humanos del Reino Unido y sobre si una nueva prueba de idoneidad —que reemplaza al muy criticado “motivo de rechazo”— puede respaldar las decisiones de protección temporal.
Para los responsables de movilidad global el mensaje es claro: aunque no se ha publicado una política formal, el Partido Laborista está señalando un cambio decisivo hacia controles migratorios más condicionados, al estilo escandinavo. Las empresas deberían preparar escenarios en los que los empleados patrocinados deban afrontar pruebas de inglés más estrictas, periodos más cortos para trabajar tras los estudios y posibles obligaciones de reembolso si solicitan permiso humanitario para permanecer.







