
Un piloto de HMRC que utilizó datos de movimientos de pasajeros del Ministerio del Interior para detectar posibles fraudes en prestaciones identificó erróneamente al 46 % de las familias señaladas, según un informe publicado esta mañana por The Guardian. El programa suspendía automáticamente los pagos cuando los registros de viaje indicaban que los padres habían estado fuera del país más de ocho semanas, pero a menudo no registraba los viajes de regreso, especialmente cuando las familias volvían vía Dublín o cambiaban de medio de transporte.
Este problema pone de manifiesto el creciente uso de bases de datos migratorias y fronterizas para la aplicación de políticas internas. Unas 23.500 familias —muchas de ellas trabajadores transfronterizos o con doble nacionalidad— recibieron cartas de suspensión; en Irlanda del Norte, la tasa de falsos positivos alcanzó un alarmante 78 %. HMRC ha detenido las suspensiones automáticas, se ha comprometido a verificar primero los registros PAYE y ha prometido a los beneficiarios un plazo de 30 días para responder antes de retener el dinero.
Para los trabajadores internacionales desplazados, este caso es una advertencia. Los familiares suelen realizar viajes circulares mientras esperan decisiones sobre sus visados, y datos erróneos podrían provocar la pérdida de prestaciones o, por extensión, la obligación de pagar recargos del NHS. Los gestores de movilidad deberían aconsejar a los empleados afectados que conserven sus tarjetas de embarque y confirmaciones digitales de entrada, especialmente cuando usen rutas del área de viaje común que evitan los controles de salida del Reino Unido.
La controversia también plantea dudas sobre la privacidad. Abogados especializados en inmigración sostienen que el Ministerio del Interior pudo haber violado principios de protección de datos al reutilizar registros de viaje —recogidos originalmente para seguridad fronteriza— para controlar prestaciones sociales sin las garantías adecuadas de precisión. Diputados de varios partidos exigen una investigación formal y que HMRC publique su evaluación del impacto de los datos.
En términos prácticos, la agencia asegura que la mayoría de los pagos suspendidos por error se restablecerán en un plazo de 14 días una vez que los beneficiarios confirmen su residencia en el Reino Unido. Los empleadores con personal desplazado deben supervisar de cerca los reembolsos para evitar anomalías en la nómina de noviembre.
Este problema pone de manifiesto el creciente uso de bases de datos migratorias y fronterizas para la aplicación de políticas internas. Unas 23.500 familias —muchas de ellas trabajadores transfronterizos o con doble nacionalidad— recibieron cartas de suspensión; en Irlanda del Norte, la tasa de falsos positivos alcanzó un alarmante 78 %. HMRC ha detenido las suspensiones automáticas, se ha comprometido a verificar primero los registros PAYE y ha prometido a los beneficiarios un plazo de 30 días para responder antes de retener el dinero.
Para los trabajadores internacionales desplazados, este caso es una advertencia. Los familiares suelen realizar viajes circulares mientras esperan decisiones sobre sus visados, y datos erróneos podrían provocar la pérdida de prestaciones o, por extensión, la obligación de pagar recargos del NHS. Los gestores de movilidad deberían aconsejar a los empleados afectados que conserven sus tarjetas de embarque y confirmaciones digitales de entrada, especialmente cuando usen rutas del área de viaje común que evitan los controles de salida del Reino Unido.
La controversia también plantea dudas sobre la privacidad. Abogados especializados en inmigración sostienen que el Ministerio del Interior pudo haber violado principios de protección de datos al reutilizar registros de viaje —recogidos originalmente para seguridad fronteriza— para controlar prestaciones sociales sin las garantías adecuadas de precisión. Diputados de varios partidos exigen una investigación formal y que HMRC publique su evaluación del impacto de los datos.
En términos prácticos, la agencia asegura que la mayoría de los pagos suspendidos por error se restablecerán en un plazo de 14 días una vez que los beneficiarios confirmen su residencia en el Reino Unido. Los empleadores con personal desplazado deben supervisar de cerca los reembolsos para evitar anomalías en la nómina de noviembre.







