
El Departamento de Estado confirmó el 6 de noviembre que casi 80,000 visas de no inmigrante han sido canceladas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Según altos funcionarios, se instruyó a los consulados a revisar los antecedentes penales, datos de estadías prolongadas y la actividad en redes sociales de los titulares de visas, revocando cualquier visa que representara una “preocupación de seguridad pública o política exterior”. Las condenas por conducir bajo influencia (16,000 revocaciones), agresión (12,000) y robo (8,000) encabezaron la lista, pero miles de estudiantes también perdieron sus visas por estadías prolongadas o por ser considerados simpatizantes de Hamas durante el conflicto en Gaza.
El programa va mucho más allá de las revisiones rutinarias del estatus de visa. Los gerentes consulares dijeron a Reuters que los oficiales ahora realizan evaluaciones continuas contra bases de datos criminales e inteligencia, y deben presentar conteos semanales de rechazos basados en actividad en redes sociales. En mayo, el Secretario de Estado Marco Rubio defendió públicamente la cancelación de visas a estudiantes extranjeros que participaron en protestas pro-palestinas, calificando esa actividad como “hostil a los intereses de EE.UU.” La administración asegura que la política protege la seguridad pública y previene el espionaje; los críticos la ven como un ataque amplio a la inmigración legal y a la libertad de expresión.
Para los empleadores, las cifras son preocupantes. Aproximadamente el 60 % de las revocaciones correspondieron a visas B-1/B-2 de visitantes de negocios, obligando a los viajeros afectados a volver a solicitar bajo un escrutinio mucho más riguroso. Universidades y laboratorios de investigación reportan decenas de investigadores de posgrado que tuvieron que abandonar sus proyectos a mitad de camino. Los responsables de movilidad global deben prepararse para un aumento en solicitudes de evidencia adicional (RFE), demoras en inspecciones secundarias y notificaciones repentinas de prohibiciones de viaje. Los asesores recomiendan monitoreo en tiempo real del formulario I-94 y estrategias proactivas de reemplazo (por ejemplo, cambiar trabajadores H-1B a ESTA cuando sea posible) para minimizar interrupciones en los proyectos.
A largo plazo, abogados de inmigración esperan litigios que cuestionen la constitucionalidad de la revocación basada únicamente en la expresión, pero advierten a las empresas que la solución judicial podría tardar años. Hasta entonces, los viajes rutinarios para amplios grupos de visitantes legítimos seguirán siendo inciertos, transformando la forma en que las multinacionales planifican desde conferencias hasta visitas de mantenimiento.
El programa va mucho más allá de las revisiones rutinarias del estatus de visa. Los gerentes consulares dijeron a Reuters que los oficiales ahora realizan evaluaciones continuas contra bases de datos criminales e inteligencia, y deben presentar conteos semanales de rechazos basados en actividad en redes sociales. En mayo, el Secretario de Estado Marco Rubio defendió públicamente la cancelación de visas a estudiantes extranjeros que participaron en protestas pro-palestinas, calificando esa actividad como “hostil a los intereses de EE.UU.” La administración asegura que la política protege la seguridad pública y previene el espionaje; los críticos la ven como un ataque amplio a la inmigración legal y a la libertad de expresión.
Para los empleadores, las cifras son preocupantes. Aproximadamente el 60 % de las revocaciones correspondieron a visas B-1/B-2 de visitantes de negocios, obligando a los viajeros afectados a volver a solicitar bajo un escrutinio mucho más riguroso. Universidades y laboratorios de investigación reportan decenas de investigadores de posgrado que tuvieron que abandonar sus proyectos a mitad de camino. Los responsables de movilidad global deben prepararse para un aumento en solicitudes de evidencia adicional (RFE), demoras en inspecciones secundarias y notificaciones repentinas de prohibiciones de viaje. Los asesores recomiendan monitoreo en tiempo real del formulario I-94 y estrategias proactivas de reemplazo (por ejemplo, cambiar trabajadores H-1B a ESTA cuando sea posible) para minimizar interrupciones en los proyectos.
A largo plazo, abogados de inmigración esperan litigios que cuestionen la constitucionalidad de la revocación basada únicamente en la expresión, pero advierten a las empresas que la solución judicial podría tardar años. Hasta entonces, los viajes rutinarios para amplios grupos de visitantes legítimos seguirán siendo inciertos, transformando la forma en que las multinacionales planifican desde conferencias hasta visitas de mantenimiento.









