
El Observatorio Humanitario de Europa Central y del Este publicó su segundo boletín trimestral el 5 de noviembre, advirtiendo que las ONG polacas que asisten a refugiados enfrentan una “drástica disminución” en la financiación internacional y en el número de voluntarios. El centro de estudios señala que la capacidad operativa en los centros de alojamiento colectivo cayó un 18 % durante el verano, justo cuando las manifestaciones antiinmigración ganaban fuerza en 80 ciudades.
Los analistas destacan una “deriva hacia la securitización” en la política polaca: mientras Varsovia sigue acogiendo a cerca de un millón de desplazados ucranianos, las asignaciones presupuestarias se han orientado hacia el equipamiento de seguridad fronteriza y se han reducido los programas de integración. Entrevistas con grupos de la sociedad civil revelan listas de espera de hasta cuatro meses para clases de polaco y citas de asistencia legal en Varsovia y Łódź.
Para los empleadores, estas deficiencias se traducen en una tramitación más lenta de los permisos de trabajo y en una menor disponibilidad de cursos públicos de integración, de los que muchos trabajadores desplazados dependen para renovar su residencia a largo plazo. El Observatorio insta a las empresas a intervenir con formación lingüística privada o patrocinio de clínicas legales para mantener el talento refugiado cualificado en el mercado laboral.
Los analistas destacan una “deriva hacia la securitización” en la política polaca: mientras Varsovia sigue acogiendo a cerca de un millón de desplazados ucranianos, las asignaciones presupuestarias se han orientado hacia el equipamiento de seguridad fronteriza y se han reducido los programas de integración. Entrevistas con grupos de la sociedad civil revelan listas de espera de hasta cuatro meses para clases de polaco y citas de asistencia legal en Varsovia y Łódź.
Para los empleadores, estas deficiencias se traducen en una tramitación más lenta de los permisos de trabajo y en una menor disponibilidad de cursos públicos de integración, de los que muchos trabajadores desplazados dependen para renovar su residencia a largo plazo. El Observatorio insta a las empresas a intervenir con formación lingüística privada o patrocinio de clínicas legales para mantener el talento refugiado cualificado en el mercado laboral.






