
El proyecto de ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración del Reino Unido alcanzó un punto crucial el 5 de noviembre, cuando los miembros de la Cámara de los Lores se reunieron por tercer día para la etapa de informe. Se presentaron varias enmiendas controvertidas, algunas de las cuales fueron aprobadas, lo que indica que la cámara alta busca una postura más estricta contra la entrada ilegal, expulsiones más rápidas y mayor transparencia sobre el abuso de visas estudiantiles. Entre las más destacadas estuvo la nueva cláusula del Lord Cameron de Lochiel, que establece un “deber de deportar a los llegados ilegales”, obligando al Secretario del Interior a emitir una orden de deportación en el plazo de una semana tras la detención de cualquier persona que haya entrado ilegalmente, haya tenido su solicitud de asilo rechazada o encaje en criterios de exclusión amplios. Los miembros también apoyaron la obligación de recopilar datos que exija al Ministerio del Interior publicar estadísticas anuales sobre estudiantes extranjeros a quienes se les revoca la visa por actividades delictivas u otras infracciones.
Los ministros del gobierno intentaron bloquear la enmienda de expulsión obligatoria, argumentando que revive elementos de la Ley de Migración Ilegal de 2023 que resultaron “inviables” y plantearon serios riesgos para los derechos humanos. Sin embargo, una coalición de miembros independientes y de la oposición insistió en que una aplicación visible y con plazos definidos es esencial para recuperar la confianza tras el récord de llegadas en pequeñas embarcaciones y un retraso de más de 100,000 casos de asilo. La cámara se dividió 198 a 176 a favor, propinando una derrota incómoda al gobierno laborista.
Para los gestores de movilidad global, las revisiones de la Cámara de los Lores son importantes porque, si sobreviven al escrutinio de la Cámara de los Comunes, reducirían la discrecionalidad del Ministerio del Interior para conceder libertad bajo fianza o ejercer juicios caso por caso. Los empleadores que patrocinen a extranjeros que se queden más tiempo del permitido o incumplan las condiciones de la visa podrían enfrentar acciones de cumplimiento más rápidas y menos margen para salidas negociadas. Las universidades y los programas corporativos de posgrado también sentirían el impacto de la nueva obligación de informar sobre visas estudiantiles, que probablemente desencadenará controles de cumplimiento más estrictos, especialmente para los cursos cortos de máster de un año, criticados por los miembros.
El proyecto de ley ya incluye medidas que endurecen los umbrales salariales, eliminan la Lista Temporal de Escasez para 2027 y la reemplazan por una “Lista Salarial de Inmigración” vinculada a sectores, además de introducir sanciones civiles de hasta £60,000 para empleadores que contraten repetidamente a migrantes irregulares. Las enmiendas de la Cámara de los Lores añaden una estructura adicional de cumplimiento que, de aprobarse, obligará a los equipos de recursos humanos y cumplimiento a auditar los procesos de derecho a trabajar, fortalecer el mantenimiento de registros y preparar planes de contingencia para la expulsión acelerada de empleados o estudiantes.
A continuación, el proyecto de ley regresa a la Cámara de los Comunes, donde se espera que los ministros intenten revertir o suavizar las cláusulas más estrictas. Con la inmigración superando ahora a la economía como la principal preocupación de los votantes, pocos analistas esperan que la cámara baja elimine por completo las enmiendas. Una versión de compromiso podría convertirse en ley en el primer trimestre de 2026, dando a las empresas solo unos meses para adaptar políticas, licencias de patrocinio y comunicaciones con empleados.
Los ministros del gobierno intentaron bloquear la enmienda de expulsión obligatoria, argumentando que revive elementos de la Ley de Migración Ilegal de 2023 que resultaron “inviables” y plantearon serios riesgos para los derechos humanos. Sin embargo, una coalición de miembros independientes y de la oposición insistió en que una aplicación visible y con plazos definidos es esencial para recuperar la confianza tras el récord de llegadas en pequeñas embarcaciones y un retraso de más de 100,000 casos de asilo. La cámara se dividió 198 a 176 a favor, propinando una derrota incómoda al gobierno laborista.
Para los gestores de movilidad global, las revisiones de la Cámara de los Lores son importantes porque, si sobreviven al escrutinio de la Cámara de los Comunes, reducirían la discrecionalidad del Ministerio del Interior para conceder libertad bajo fianza o ejercer juicios caso por caso. Los empleadores que patrocinen a extranjeros que se queden más tiempo del permitido o incumplan las condiciones de la visa podrían enfrentar acciones de cumplimiento más rápidas y menos margen para salidas negociadas. Las universidades y los programas corporativos de posgrado también sentirían el impacto de la nueva obligación de informar sobre visas estudiantiles, que probablemente desencadenará controles de cumplimiento más estrictos, especialmente para los cursos cortos de máster de un año, criticados por los miembros.
El proyecto de ley ya incluye medidas que endurecen los umbrales salariales, eliminan la Lista Temporal de Escasez para 2027 y la reemplazan por una “Lista Salarial de Inmigración” vinculada a sectores, además de introducir sanciones civiles de hasta £60,000 para empleadores que contraten repetidamente a migrantes irregulares. Las enmiendas de la Cámara de los Lores añaden una estructura adicional de cumplimiento que, de aprobarse, obligará a los equipos de recursos humanos y cumplimiento a auditar los procesos de derecho a trabajar, fortalecer el mantenimiento de registros y preparar planes de contingencia para la expulsión acelerada de empleados o estudiantes.
A continuación, el proyecto de ley regresa a la Cámara de los Comunes, donde se espera que los ministros intenten revertir o suavizar las cláusulas más estrictas. Con la inmigración superando ahora a la economía como la principal preocupación de los votantes, pocos analistas esperan que la cámara baja elimine por completo las enmiendas. Una versión de compromiso podría convertirse en ley en el primer trimestre de 2026, dando a las empresas solo unos meses para adaptar políticas, licencias de patrocinio y comunicaciones con empleados.











