
La posición de España como potencia en inmigración se consolidó el 5 de noviembre, cuando los medios españoles analizaron el recién publicado Informe sobre Perspectivas de la Migración Internacional 2025 de la OCDE. El informe revela que en 2024 España admitió a 368,000 nuevos inmigrantes permanentes, casi un 50 % por encima de los niveles previos a la pandemia, lo que sitúa al país en el quinto puesto entre los 38 miembros de la OCDE, detrás de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido. Más de la mitad de esta entrada se produjo a través de canales familiares y de libre circulación, mientras que las admisiones por motivos laborales y humanitarios representaron aproximadamente el 11 %.
Detrás de esta cifra se esconde un cambio profundo en el mercado laboral español. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la inmigración ha generado 190,000 nuevos hogares desde 2022, impulsando directamente la demanda de consumo y explicando casi la mitad del crecimiento superior de España frente a la zona euro. Sectores como la sanidad, la construcción y la agricultura —que enfrentan escasez crónica de mano de obra debido al envejecimiento poblacional— han sido los principales beneficiarios. Sin embargo, la OCDE advierte que estos vientos demográficos podrían desaparecer tan pronto como en 2026 si los costes de la vivienda siguen subiendo y los fondos de recuperación de la UE se agotan.
Para los responsables políticos, el mensaje es claro: consolidar las reformas regulatorias recientes, acelerar el reconocimiento de titulaciones extranjeras y ampliar la formación para que los recién llegados puedan acceder rápidamente a empleos cualificados. La reforma del Reglamento de Extranjería prevista para mayo de 2025 —que agiliza la renovación de permisos, extiende los visados para buscadores de empleo a 12 meses y crea cinco nuevas vías de regularización— fue destacada por la OCDE como un modelo de gestión migratoria flexible y orientada al mercado laboral. No obstante, los analistas advierten que persisten cuellos de botella en la integración, especialmente en el acceso a vivienda social y en las oficinas regionales de homologación de títulos.
Para las empresas, estas cifras subrayan la importancia de contar con estrategias proactivas de talento. Las multinacionales que ya operan en España deberían revisar sus supuestos de planificación de plantilla: la oferta de trabajadores nacionales podría reducirse nuevamente después de 2026, haciendo indispensable la continuidad en la contratación internacional, las transferencias intraempresariales y los permisos acelerados bajo la Ley de Emprendedores. Se recomienda a los departamentos de Recursos Humanos estar atentos a las próximas órdenes ministeriales que traducirán la nueva regulación en procedimientos provinciales a principios de 2026.
Para los profesionales con movilidad internacional, el atractivo de España es multidimensional: clima templado, coste de vida competitivo y un ecosistema de visados cada vez más ágil. Sin embargo, empiezan a surgir limitaciones de capacidad: algunas oficinas de inmigración en Madrid y Barcelona reportan retrasos de seis a ocho semanas para citas. Por ello, las empresas deberían prever tiempos adicionales en la planificación de asignaciones y considerar ciudades secundarias —Valencia, Málaga, Bilbao— donde los trámites son más rápidos y los gobiernos regionales ofrecen incentivos para la reubicación.
En resumen, la historia demográfica de España ya no gira en torno a la emigración; ahora se trata de aprovechar una de las fuerzas laborales inmigrantes más grandes y diversas de Europa para mantener el crecimiento. El éxito del país dependerá de la próxima oleada de reformas en integración y mercado laboral que se están elaborando en Madrid.
Detrás de esta cifra se esconde un cambio profundo en el mercado laboral español. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la inmigración ha generado 190,000 nuevos hogares desde 2022, impulsando directamente la demanda de consumo y explicando casi la mitad del crecimiento superior de España frente a la zona euro. Sectores como la sanidad, la construcción y la agricultura —que enfrentan escasez crónica de mano de obra debido al envejecimiento poblacional— han sido los principales beneficiarios. Sin embargo, la OCDE advierte que estos vientos demográficos podrían desaparecer tan pronto como en 2026 si los costes de la vivienda siguen subiendo y los fondos de recuperación de la UE se agotan.
Para los responsables políticos, el mensaje es claro: consolidar las reformas regulatorias recientes, acelerar el reconocimiento de titulaciones extranjeras y ampliar la formación para que los recién llegados puedan acceder rápidamente a empleos cualificados. La reforma del Reglamento de Extranjería prevista para mayo de 2025 —que agiliza la renovación de permisos, extiende los visados para buscadores de empleo a 12 meses y crea cinco nuevas vías de regularización— fue destacada por la OCDE como un modelo de gestión migratoria flexible y orientada al mercado laboral. No obstante, los analistas advierten que persisten cuellos de botella en la integración, especialmente en el acceso a vivienda social y en las oficinas regionales de homologación de títulos.
Para las empresas, estas cifras subrayan la importancia de contar con estrategias proactivas de talento. Las multinacionales que ya operan en España deberían revisar sus supuestos de planificación de plantilla: la oferta de trabajadores nacionales podría reducirse nuevamente después de 2026, haciendo indispensable la continuidad en la contratación internacional, las transferencias intraempresariales y los permisos acelerados bajo la Ley de Emprendedores. Se recomienda a los departamentos de Recursos Humanos estar atentos a las próximas órdenes ministeriales que traducirán la nueva regulación en procedimientos provinciales a principios de 2026.
Para los profesionales con movilidad internacional, el atractivo de España es multidimensional: clima templado, coste de vida competitivo y un ecosistema de visados cada vez más ágil. Sin embargo, empiezan a surgir limitaciones de capacidad: algunas oficinas de inmigración en Madrid y Barcelona reportan retrasos de seis a ocho semanas para citas. Por ello, las empresas deberían prever tiempos adicionales en la planificación de asignaciones y considerar ciudades secundarias —Valencia, Málaga, Bilbao— donde los trámites son más rápidos y los gobiernos regionales ofrecen incentivos para la reubicación.
En resumen, la historia demográfica de España ya no gira en torno a la emigración; ahora se trata de aprovechar una de las fuerzas laborales inmigrantes más grandes y diversas de Europa para mantener el crecimiento. El éxito del país dependerá de la próxima oleada de reformas en integración y mercado laboral que se están elaborando en Madrid.









