
Miembros del Comité de Asuntos Internos de la Cámara comenzaron el 5 de noviembre de 2025 el examen detallado, artículo por artículo, de un proyecto de ley que ampliaría de manera significativa el poder del Estado para revocar el estatus de refugiado o protección subsidiaria. La iniciativa, presentada por el Ministerio Adjunto de Migración y Protección Internacional, permitiría a las autoridades cancelar permisos vigentes o rechazar nuevas solicitudes de asilo cuando los solicitantes sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, o cuando cometan delitos graves.
Puntos clave:
• La revocación automática podrá aplicarse tras condenas con penas de cinco años o más, o por participación en grupos de crimen organizado o terroristas.
• Quienes pierdan la protección enfrentarán la deportación, salvo que un tribunal detenga explícitamente la expulsión por razones humanitarias.
• Las apelaciones dejarán de tener efecto suspensivo, salvo que un tribunal administrativo disponga lo contrario.
• Se implementará un procedimiento acelerado en la Línea Verde, que permitirá a la policía detener y devolver a personas consideradas inadmisibles en un plazo de 48 horas.
Contexto: Chipre sigue siendo el tercer país de la UE con más solicitudes de asilo per cápita, y el gobierno sostiene que se necesitan filtros más estrictos para aliviar la presión sobre los centros de acogida y evitar abusos del sistema. Las ONG advierten que el proyecto podría violar la Directiva de Cualificación de la UE y el principio de no devolución si no se refuerzan las salvaguardas. Bruselas ha solicitado a Nicosia un informe de compatibilidad antes de la votación final.
Impacto empresarial: Los responsables de movilidad corporativa deben tener en cuenta que los titulares de residencia permanente bajo las categorías ‘F’ y los programas de inversión no se ven afectados directamente. Sin embargo, las empresas que empleen a refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria podrían necesitar revisar los requisitos sobre antecedentes penales según las nuevas normas y prever asistencia legal en caso de revisiones de estatus.
Próximos pasos: Se espera que el texto revisado llegue al pleno antes de fin de año, con una probable implementación en el segundo trimestre de 2026.
Puntos clave:
• La revocación automática podrá aplicarse tras condenas con penas de cinco años o más, o por participación en grupos de crimen organizado o terroristas.
• Quienes pierdan la protección enfrentarán la deportación, salvo que un tribunal detenga explícitamente la expulsión por razones humanitarias.
• Las apelaciones dejarán de tener efecto suspensivo, salvo que un tribunal administrativo disponga lo contrario.
• Se implementará un procedimiento acelerado en la Línea Verde, que permitirá a la policía detener y devolver a personas consideradas inadmisibles en un plazo de 48 horas.
Contexto: Chipre sigue siendo el tercer país de la UE con más solicitudes de asilo per cápita, y el gobierno sostiene que se necesitan filtros más estrictos para aliviar la presión sobre los centros de acogida y evitar abusos del sistema. Las ONG advierten que el proyecto podría violar la Directiva de Cualificación de la UE y el principio de no devolución si no se refuerzan las salvaguardas. Bruselas ha solicitado a Nicosia un informe de compatibilidad antes de la votación final.
Impacto empresarial: Los responsables de movilidad corporativa deben tener en cuenta que los titulares de residencia permanente bajo las categorías ‘F’ y los programas de inversión no se ven afectados directamente. Sin embargo, las empresas que empleen a refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria podrían necesitar revisar los requisitos sobre antecedentes penales según las nuevas normas y prever asistencia legal en caso de revisiones de estatus.
Próximos pasos: Se espera que el texto revisado llegue al pleno antes de fin de año, con una probable implementación en el segundo trimestre de 2026.







