
El Ministerio del Interior de España publicó su último Informe de Seguimiento de la Migración Irregular el 3 de noviembre. Los datos muestran que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025, 30.263 personas entraron en España de forma irregular, lo que supone una caída interanual del 35,8 %. Las llegadas por vía marítima, tradicionalmente la principal vía de entrada, disminuyeron casi un 40 %, con 27.001 personas y 1.066 embarcaciones pequeñas.
El descenso más pronunciado se registró en las Islas Canarias, que recibieron 14.099 llegadas (-58,6 %) tras cifras récord en 2024. Las autoridades atribuyen esta reducción a un refuerzo en las patrullas marítimas, operaciones conjuntas con Senegal y Mauritania, y la apertura de canales legales de trabajo para trabajadores de África Occidental. Por el contrario, los desembarcos en las costas de Baleares aumentaron un 66 %, hasta 6.280, confirmando las advertencias de las ONG sobre el cambio de rutas de los traficantes hacia el norte, ante el endurecimiento de la vigilancia en el sur.
Fuentes del Interior señalan que la caída general alivia la presión sobre la red de acogida española, que ahora tiene una ocupación del 78 %, aunque gobiernos regionales como el de Baleares exigen financiación adicional para hacer frente al aumento localizado. Los sectores empresariales destacan que la reducción de flujos irregulares podría disminuir los problemas de última hora para contratar personal en agricultura y hostelería, sectores que a menudo dependen de autorizaciones de trabajo de emergencia.
El informe aviva el debate político sobre el nuevo Reglamento de Extranjería (vigente desde mayo), que pretende regularizar a 300.000 trabajadores indocumentados al año. Sus defensores argumentan que las vías legales y seguras ya están disuadiendo los peligrosos cruces marítimos; los críticos, en cambio, sostienen que para desmantelar las redes criminales es necesaria una solidaridad europea más rápida en materia de reubicación y devoluciones.
Para los gestores de movilidad, las cifras apuntan a operaciones fronterizas más fluidas este invierno, especialmente en los aeropuertos canarios, donde se están realizando pruebas del Sistema Biométrico de Entrada/Salida (EES). Las empresas que trasladen personal a España deberán seguir de cerca los cambios en las políticas regionales, especialmente en Baleares, donde las autoridades locales podrían endurecer las normas de alojamiento para trabajadores migrantes temporales.
El descenso más pronunciado se registró en las Islas Canarias, que recibieron 14.099 llegadas (-58,6 %) tras cifras récord en 2024. Las autoridades atribuyen esta reducción a un refuerzo en las patrullas marítimas, operaciones conjuntas con Senegal y Mauritania, y la apertura de canales legales de trabajo para trabajadores de África Occidental. Por el contrario, los desembarcos en las costas de Baleares aumentaron un 66 %, hasta 6.280, confirmando las advertencias de las ONG sobre el cambio de rutas de los traficantes hacia el norte, ante el endurecimiento de la vigilancia en el sur.
Fuentes del Interior señalan que la caída general alivia la presión sobre la red de acogida española, que ahora tiene una ocupación del 78 %, aunque gobiernos regionales como el de Baleares exigen financiación adicional para hacer frente al aumento localizado. Los sectores empresariales destacan que la reducción de flujos irregulares podría disminuir los problemas de última hora para contratar personal en agricultura y hostelería, sectores que a menudo dependen de autorizaciones de trabajo de emergencia.
El informe aviva el debate político sobre el nuevo Reglamento de Extranjería (vigente desde mayo), que pretende regularizar a 300.000 trabajadores indocumentados al año. Sus defensores argumentan que las vías legales y seguras ya están disuadiendo los peligrosos cruces marítimos; los críticos, en cambio, sostienen que para desmantelar las redes criminales es necesaria una solidaridad europea más rápida en materia de reubicación y devoluciones.
Para los gestores de movilidad, las cifras apuntan a operaciones fronterizas más fluidas este invierno, especialmente en los aeropuertos canarios, donde se están realizando pruebas del Sistema Biométrico de Entrada/Salida (EES). Las empresas que trasladen personal a España deberán seguir de cerca los cambios en las políticas regionales, especialmente en Baleares, donde las autoridades locales podrían endurecer las normas de alojamiento para trabajadores migrantes temporales.











